El pasado jueves 1 de agosto venció el plazo de 15 días hábiles que tenía el Ejecutivo para promulgar u observar la ley que precisa la aplicación y los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero no se pronunció. En otros términos, dejó en manos del Congreso la promulgación de la norma. La noche del jueves, consultado al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dejó entrever que el Gobierno aún examinaba el tema. "Nuestros técnicos siguen trabajando en las dos normas y estamos esperando a que se terminen de definir a partir de las discusiones que se están haciendo para adoptar una posición que definitivamente tiene que ocurrir antes del plazo", señaló.Sin embargo, el plazo venció a la medianoche del jueves sin ningún pronunciamiento. (Edición sábado).