El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y establece medidas para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.Según el TC, no está estipulado en la Constitución que el ente de control tenga una competencia sancionadora autónoma y que esta facultad no puede ser otorgada por la propia ley de dicha entidad. En su resolución exhortó al Congreso a que regule las facultades sancionadoras de la Contraloría.