Por Jaime de Althaus, analista político.Los servicios públicos esenciales no funcionan en el Perú. Pero tienen solución si hubiera voluntad e ideas claras.Tomemos dos casos. El primero es la justicia penal: más del 95% de los detenidos en flagrancia son liberados. La impunidad es rampante. El llamado proceso inmediato para juzgar y sentenciar en 72 horas en lugar de los 21 meses en promedio que toma un proceso común casi no se aplica. ¿Por qué? Porque hay pocas unidades de flagrancia y en las que existen los fiscales asisten poco.En una unidad de flagrancia están juntos en un solo local policías, fiscales, jueces, un laboratorio de criminalística, medicina legal y una carceleta. Por eso, puede sentenciar en 72 horas o, si hay terminación anticipada, en 24 horas. El sistema está ya bien estudiado por el Poder Judicial, pero se requiere S/1.800 millones para implementarlo, con laboratorios y todo, a nivel nacional. El MEF tiene que presupuestarlo. Pensemos que al año se deja de ejecutar S/18 mil millones en obra pública. Restémosle pues una alícuota de ese monto a aquellos sectores o entidades que ejecutan menos. El impacto en reducción de la inseguridad y tranquilidad social sería inmediato y enorme. Recordemos que la razón primordial de ser del Estado es la seguridad y la justicia. Para eso nació. Todo lo demás puede pasar a segundo plano.(Edición sábado).