En momentos en que las inversiones mineras se empiezan a recuperar, tras un año de relativa calma social, hoy la conflictividad vinculada a esa industria extractiva parece resurgir en el sur del país.Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, hasta junio se registraban 212 conflictos sociales, incluyendo sietes nuevos casos surgidos solo el mes pasado. De ese total, 95 son casos socioambientales, y de ellos, 62 están relacionados a la minería (el 65.3%).Entre ellos menciona la convocatoria a un paro indefinido en la provincia de Cotabambas, región Apurímac, contra minera Las Bambas para el 22 de julio, en rechazo de las comunidades en su zona de influencia, a la propuesta económica que les planteó la empresa.También advierte que puede devenir en un conflicto socioambiental, el reclamo de pobladores del distrito de Tiaparo, en la provincia de Aymaraes (Apurímac) contra el proyecto de cobre y molibdeno los Chancas, de Southern Perú.
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