Por Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).La minería artesanal, como la pequeña minería, son intensivas en mano de obra; en el último quinquenio han crecido de manera exponencial, en parte por el incremento significativo del precio del oro (más del 70%). Esta actividad no ha tenido un acompañamiento que permita mejorar en tecnología, productividad, adecuación al marco regulatorio y fiscalización.También ha habido un crecimiento descontrolado de la minería ilegal, que ha incorporado grupos criminales armados, quienes invaden operaciones mineras formales para robar mineral y abastecer a plantas de beneficio constituidas bajo el amparo de la normativa existente. Ellos, a través de métodos violentos y homicidas, acceden al uso de explosivos invocando ser mineros artesanales y/ o pequeños mineros "en proceso de formalización". Todo el transporte, tratamiento y venta de los productos finales se regulariza a través de la declaración del mineral procedente de un minero en "proceso de formalización". Luego se ex porta mediante casas comercializado raso sale por nuestras fronteras como contrabando.La dimensión económica de esta actividad ilegal, que produce más de 2 millones de onzas de oro anualmente (casi US$5.000 millones), nos permite inferir la magnitud de la crisis institucional -léase corrupción- que impacta a nuestro sector público, además de la causa raíz de los crímenes violentos que han de venido en cotidianos, y el riesgo latente de que nuestro país termine siendo un Estado fallido.La propuesta de una ley para la minería artesanal y pequeña minería (ley MAPE) no puede enfocarse en extender el proceso de formalización (Reinfo), que tiene más de ocho años sin resultados positivos, ni tampoco en discutir cómo regularizamos el acceso a concesiones de terceros, porque sería una manera deshonrosa de formalizar una invasión ilegal.
- [El Comercio,Pág. 8] /