El primer ministro y el vocero presidencial hicieron su mejor esfuerzo por aparentar ser unos expertos en contabilidad con tal de defender la honorabilidad de la señora Boluarte. Intentaron demostrar, y al vuelo nomás, que no existe el desbalance patrimonial del que habla el contralor Nelson Shack y que resolverían fácilmente la consulta de la entidad de control. El asunto no parece tan sencillo como lo pintan los defensores presidenciales, pues ayer, el contralor informó que la jefa de Estado -que no tiene la intención de explicarle al país sobre este tema- ha solicitado que se le extienda el plazo para presentar su descargo sobre estas presuntas omisiones en sus declaraciones de bienes y rentas, las que el premier Gustavo Adrianzén ha vuelto a calificar ayer como un error de orden material. El Gobierno ha recibido como un golpe esta información de Shack y al contralor no le quedan dudas de que ha habido una reacción del Ejecutivo a partir de ello: el proyecto que envió al Congreso que pretende debilitar el trabajo de este órgano de control. "Hemos elevado nuestra voz de protesta y espero que la Comisión Permanente haga un ejercicio mucho más reflexivo y ponderado. Al próximo contralor le van a cortar los brazos. Que esto se deba a una represalia no quedan dudas. Miren la secuencia de hechos, nomas. No voy a permitir que el Poder Ejecutivo reduzca la capacidad operacional de la Contraloría", dijo ayer el funcionario durante una conferencia.