En caso de que se promulgue la autógrafa del proyecto 5981, no solo se modificaría la definición de una organización criminal, sino que obligará que los allanamientos deban realizarse con presencia del investigado y su abogado. Esto último fue algo que el congresista y presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, reclamó sin éxito vía tutela de derechos al Poder Judicial luego de que se allanara su domicilio en 2023 por el presunto copamiento en la PNP.Gonza, a través de su abogado Jeancarlo Mio Valdiviezo, solicitó la nulidad de las actas y los medios incautados debido a que, entre otros, su abogado llegó a la vivienda ubicada en Lince horas después de que fiscales iniciaron la ejecución de la orden de allanamiento autorizada por el juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley.