El Congreso de la República, en la próxima legislatura y en lo que queda de la actual, tiene que asumir su responsabilidad de avanzar con la reforma constitucional.No caben aquí consignas partidarias ciegas y sordas, ni tampoco posturas sentimentalistas. Lo que debe primar son criterios realistas para proceder a modernizar las instituciones y dotar al Estado de instrumentos que garanticen el respeto a la libertad, la propiedad, los derechos humanos y la recta administración de justicia. Durante la presidencia del doctor Henry Pease se inició un arduo proceso de reforma que se empantanó por cuestiones politiqueras y que debe retomarse. Este prospecto es más responsable y menos perturbador que aquel de convocar a una asamblea constituyente, especialmente ahora que el país despega y requiere como nunca de reglas estables. ¿Podemos imaginar el freno a la economía y las inversiones si se decidiese hacer una nueva Constitución?En este escenario es que las diversas bancadas deben buscar consenso para aplicarse a debatir una agenda, en la cual debe tener prioridad la reforma judicial. Basados en el estudio de la Ceriajus tienen que evaluar cambios urgentes en el sistema de carrera judicial, en la estructura y composición de la Corte Suprema (para reducirla), en organismos como el Consejo Nacional de la Magistratura, la OCMA, la Academia de la Magistratura y en el propio Ministerio Público. Urge eliminar la corrupción y la provisionalidad, promover la eficiencia y la celeridad y recuperar el prestigio de este poder fundamental del Estado.Hay también reformas electorales pendientes que pudieran abordarse sin apasionamientos aprovechando que no hay procesos electorales inminentes. Aparte de descartar absurdas iniciativas que pretenden la fusión de los organismos del sistema, debe evaluarse las ventajas del voto voluntario, la renovación por mitades y la segunda vuelta municipal para consolidar la legitimidad y evitar conflictos violentistas. Con la misma prioridad el Congreso debe evaluar el retorno a la bicameralidad en su seno, en vista de que el sistema unicameral ha probado ser mucho menos eficiente. Y, en la agenda legislativa merecen igualmente atención la iniciativa de reforma para darle autonomía constitucional a los organismos reguladores y evitar que sean manipulados por el poder político; las reformas militar y policial; la ley del trabajo, para incrementar el empleo y la productividad; y, por supuesto, la reforma integral del Estado. (Edición domingo).
- [El Comercio,Pág. A 4] /