El Tribunal Constitucional (TC) tiene 30 días de plazo para pronunciarse sobre la demanda competencial planteada por el Congreso contra el Poder Judicial (PJ), que busca anular la resolución que ordenó la reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) desconociendo la decisión del Legislativo de suspenderlos en sus funciones y disponer su inhabilitación para el ejercicio de función pública por 10 años por faltas graves. Esperemos, sin embargo, que el TC resuelva con premura la controversia que ha generado en la práctica un clima de inseguridad jurídica. Ayer, por lo pronto, se llevó a cabo, en Arequipa, la audiencia convocada por el TC para escuchar los alegatos de las partes en conflicto. El constitucionalista Aníbal Quiroga -en representación del Parlamento- recordó que ya el tribunal resolvió el año pasado un proceso competencial entre los mismos actores y estableció que hay decisiones propias del Congreso que no son materia de defensa judicial. ¿Cómo entonces, un año y cinco meses después, nos volvemos a encontrar en la misma situación?