Mientras los mismos sectores políticos y mediáticos que apoyaron a Odebrecht lo ocultaban, el Congreso de la República venía tramitando una propuesta que permitirá al Estado peruano embargar los peajes de Rutas de Lima, así como activos de otras empresas que robaron miles de millones de dólares al país.Esto cobra más relevancia, luego de que el Poder Judicial anulara los beneficios del acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata. La procuradora Silvana Carrión ha dicho que no le puede incautar nada a la constructora porque la Ley 30737 se lo impide.