Un centenar de casos vinculados al crimen organizado -desde el tráfico de terrenos, tráfico de combustibles hacia la minería ilegal hasta los préstamos del gota a gota del Tren de Aragua- se verían afectados si llega a entrar en vigor la norma que aprobó el Congreso en segunda votación la semana pasada. Así lo advirtió el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada.En diálogo con El Comercio, Chávez Cotrina resaltó que, en el fondo, "esta norma no solo lesiona, sino que convierte algunos delitos de gran criminalidad en delitos de bagatela".Estimó que, tan solo en el subsistema de crimen organizado, se verían vulnerados también casos de tala ilegal, estafas monetarias, delitos monetarios y otros. Acotó que, de aprobarse la norma, perderían competencia sobre estos expedientes y tendrían que ser derivados a fiscalías penales comunes, con las dificultades logísticas que ya tienen.