Sobre el tema ya se habían pronunciado con un contundente rechazo el Ejecutivo y el Legislativo. El turno ahora fue del Poder Judicial. Su presidente, Javier Arévalo le aclaró a la Corte Interamericana de Derechos Humanos "que no puede ordenarle a su institución que intervenga en impedir que se promulgue una ley", refiriéndose al dictamen que dispone la prescripción de los delitos de lesa humanidad, proyecto que pese a estos cuestionamientos fue aprobado en segunda votación el jueves último por la Comisión Permanente del Congreso. Arévalo explicó que, si el Gobierno promulga esta norma y "el juez considera que esta atenta contra la Constitución y convenios internacionales, hará uso del control difuso, y si es correcta la ley, la aplicará, y no por ello serán responsables de su decisión". (Edición sábado).