Por Elena Coterno, especialista en políticas públicas.La minería es uno de los principales motores productivos del desarrollo económico y social del Perú. En la última década, ha contribuido de manera directa con cerca del 60% de las exportaciones, el 11% de la inversión privada, el 11% de la producción nacional, el 8% de los ingresos fiscales y el 5% de la fuerza laboral. Además de su aporte directo, los encadenamientos de la minería con otros sectores productivos revelan importantes efectos adicionales. Por ejemplo, se calcula que por cada empleo directo en minería se crean ocho puestos de trabajo adicionales en otras actividades de la economía (IPE, 2021). Y todo ello se da por el valor que tienen los minerales en la economía mundial, como insumo de múltiples equipos industriales y personales, y en particular facilitando la transmisión de energía, tan necesaria para hogares e industrias.En las últimas décadas, el mayor desarrollo de esta actividad económica vino acompañado de estándares ambientales, laborales y de relacionamiento comunitario cada vez más elevados, en parte por ser lo usual en empresas mineras globales que ahora invierten en Perú, por los mayores compromisos con la sostenibilidad de los empresarios y también por mayor regulación. Hoy, las grandes empresas mineras del Perú tienen una verdadera talla mundial, con muy altos estándares en uso del agua, en relacionamiento con las comunidades, entre otros.Sin embargo, muchas veces en la vecindad de sus operaciones se ha venido desarrollando otra minería, con bajísimos estándares y con encadenamientos nada santos. Como destaca Videnza, la minería ilegal es un problema creciente asociado al crimen, corrupción, daño ambiental, explotación laboral y grandes intereses políticos. En la misma línea, el IPE señala que tiene efectos nocivos sobre el empleo, la economía, el bienestar de los ciudadanos, el cuidado del medio ambiente y de las comunidades.
- [Gestión,Pág. 12] /