Desde que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuestionó los resultados de las operaciones en las que intervino la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), la continuidad de la unidad policial en el futuro parece pender de un hilo.A la auditoría que realizará la Contraloría General de la República al presupuesto asignado a la Diviac en los últimos años se le suma la reciente revelación de un agente de la mencionada unidad, quien habría intentado vender material a Mateo Castañeda, entonces abogado de la presidenta Dina Boluarte, para beneficiarlo en una investigación que tiene abierta en la Fiscalía.