El caso de la invasión del mercado de Santa Anita sigue como una espina sangrante para la sociedad y demuestra los extremos a los que puede llegar el nefasto fenómeno de la informalidad social, hasta infestar el brazo jurídico del Estado de derecho.Se trata de personas que, en dos planos, se creen con derecho a ignorar la ley, achacando toda la responsabilidad a la autoridad bajo supuestas "razones de necesidad social".Solo así se puede entender que mientras dos vocales de la Primera Sala Penal ordenaron que los invasores del mercado desalojen el inmueble --lo que debe saludarse--, un tercero, el magistrado Julio Biaggi, haya fallado por la anulación de la sentencia con argumentos absurdos. Ello indica que el fallo solo resolvería el problema legal, pero que "subsiste el problema social".Este es el criterio que, de haberse impuesto, habría legalizado y judicializado peligrosamente la informalidad social, al apoyar una seudojusticia que pasa por encima de leyes y principios jurídicos.La verdad es que el juez debe juzgar de acuerdo con las normas: este recinto fue ocupado ilegalmente desconociendo la propiedad del Concejo Provincial de Lima. Por ello, esta vez la decisión judicial, sustentada y definitiva, tiene que ser respetada.Es preciso recordar que, en estos cuatro años, así como han intervenido magistrados probos, ha habido otros que se prestaron a las leguleyadas y triquiñuelas del cabecilla invasor Herminio Porras, para burlar la justicia y permitir la impunidad. ¡Y qué decir del papel vergonzante de algunos congresistas! Se hicieron de la vista gorda ante las bravuconadas de Porras.Ahora que el Poder Judicial es dirigido por un magistrado impecable como el doctor Francisco Távara, quien ha prometido un cambio radical, esperamos una nueva actitud de los jueces para aplicar justicia. Santa Anita debe ser devuelto a sus legítimos propietarios y no constituirse en un baluarte de la informalidad social o en un nefasto precedente de impunidad y burla al orden constitucional y legal.