Por Iván Slocovich, director del diario Correo.Es positivo para el país que por fin se estén tomando medidas para que al menos en algo, la empresa estatal Petroperú, quebrada desde hace varios años pero mantenida a flote por razones más ideológicas que técnicas, deje de ser un agujero negro por donde se van los escasos recursos del fisco que bien podrían ser usados en atender situaciones graves como el abandono de la seguridad ciudadana, la educación pública y a salud de los más pobres, que son tratados en condiciones indignas de seres humanos.Como ha informado ayer El Comercio, en total son ocho las medidas adoptadas por el directorio de la empresa, entre ellas la llegada de una administración privada y que el inmenso edificio del cruce de Canaval y Moreyra con Paseo de la República, sea vendido o concesionado, y que los trabajadores que están en Lima vayan a Talara, algo que tiene mucha lógica si se tiene en cuenta que es en esa ciudad de la región Piura donde se concentran las operaciones de lo que queda de la compañía. Por fin el gobierno ha decidido meter la mano y cerrar ese forado llamado Petroperú, a pesar de los reclamos que vendrán de los sindicatos y de los sectores políticos que los apoyan con el argumento de las "empresas estratégicas", que en realidad son focos de ineficiencia, corrupción y despilfarro que han llevado a perder millones de soles en tratar de mantener a flote a una compañía que vio agravada su situación financiera con la construcción de la nueva Refinería de Talara.
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