El déficit fiscal acumulado hasta mayo de este año equivalió a 3.9% del PBI. Fue el cuarto mes consecutivo de alza de ese indicador, que mide la diferencia entre gastos e ingresos del Gobierno general (nacional, regionales y locales). Su incremento desde el 2.7% del PBI, al cierre de enero, no habría sido usual para el país en el pasado reciente, pues sobresalía entre las economías emergentes por la prudencia con que manejaba su política fiscal. Saltos de ese tipo no se veían desde inicios de la pandemia (2020), que obligó a relajar temporalmente la regla fiscal.Lo que hoy tenemos es una epidemia de leyes aprobadas al caballazo por el Congreso, pese a que no posee iniciativa de gasto, y de mayores desembolsos en los gobiernos subnacionales, pese a que sus recursos propios están muy lejos de cubrirlos -los solventan con transferencias del tesoro-. En marzo, el titular del MEF, José Arista, anunció una "poda" de gasto corriente en el Gobierno nacional (que se redujo 7.2% en mayo) y exhortó a los niveles subnacionales a hacer lo mismo, pero su arenga habría caído en saco roto, pues los gobiernos regionales y locales siguen gastando con fruición: aumento de 15% y 22.4%, respectivamente, en el periodo enero-mayo.
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