Uno de los hechos más relevantes -dado el avance de la minería ilegal en el país-, pero ignorado por los congresistas impulsores del dictamen anti-ONG, es el de las entidades que, estando inscritas como organizaciones sin fines de lucro, se dedican a comercializar oro y a prestar dinero a cambio de empeños y, por lo mismo, son consideradas de "alto riesgo".La página 90 del informe de la UIF da cuenta de un análisis de riesgo realizado en el 2017 a las 1.133 organizaciones sin fines de lucro consideradas de alto riesgo y revela: "998 cuentan con estado de contribuyente ‘activo’ en Sunat; 853 cuentan con estado y condición de contribuyente ‘activo’ y ‘habido’ en Sunat. De las 853 OSFL, 6 se encuentran registradas en el SIGSO como comercializadores de oro, OSFL y empresas de préstamos y empeño con garantía pignoraticia; y de las 847 restantes, 9 están registradas en APCI".(Edición sábado).