El Congreso dio luz verde recientemente al Proyecto de Ley 842, que transfiere la regulación de empresas de taxi por aplicación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), desplazando a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Esta normativa excluye a la ATU de la fiscalización de choferes y vehículos operando como colectivos informales.Alfonso Florez, gerente general de `Transitemos", advirtió que la ley podría formalizar transportistas ilegales mediante intermediación de aplicaciones.Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, si bien consideró que la iniciativa no sería tan negativa ya que buscaría regular finalmente a los taxis por aplicación; subrayó que la ATU debe ser incluida como entidad fiscalizadora.