La ley de prescripción de delitos de lesa humanidad, que está a la espera de segunda votación en el Pleno, ha llevado a otro nivel la confrontación entre el Congreso y el Ministerio Público, que ya mostraron sus diferencias por proyectos que ponen trabas a la independencia de este último. Ayer, la Junta de Fiscales Supremos (JFS) aclaró que, de aprobarse el dictamen, su ejecución sería "inviable".A través de un comunicado, la JFS explicó que este tipo de delitos son imprescriptibles, ya que así lo estipulan el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad."Resulta evidentemente inconstitucional al ser incompatible con la jurisprudencia supranacional en materia de derechos humanos y los estándares del derecho internacional", se lee.
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