Por Mario Saldaña, periodista.En una de las columnas del desaparecido Roberto Abusada que más recuerdo, publicada en este Diario antes de la pandemia, el expresidente del Instituto Peruano de Economía señalaba que no había manera de retomar el crecimiento a tasas por encima del 4% o 5% si antes el Perú no eliminaba el 80% o 90% de normas que afectaban a todo el aparato productivo.El siempre lúcido Roberto apostaba por una suerte de "reseteo" del funcionamiento del Estado, a la luz de un crecimiento desproporcionado y exponencial de la normativa regulatoria y sobrerregulatoria producida desde el 2001 en adelante.El postulado de Abusada sigue y seguirá vigente, más ahora cuando, por ejemplo, Cómex-Perú informa que 49 de 55 proyectos mineros salieron de la cartera de exploración, entre febrero del 2022 y febrero del 2024, como consecuencia de las trabas impuestas por la tramitología estatal.De esos 49, 43 se frustraron por los cambios en la regulación de los instrumentos de gestión ambiental (IGA) que se produjeron entre los años 2022 y 2023. Esas 43 iniciativas suponían una inversión de US$195 millones. Y seis, que representaban US$112 millones, no llegaron a ver la luz por los requisitos vigentes.