El debate iniciado en el Congreso para aprobar una ley que obligue a las ONG a transparentar sus fondos y actividades en el Perú ha salpicado al Poder Judicial. El titular de ese poder del Estado, Javier Arévalo, anuló un convenio con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) por posible conflicto de interés. El acuerdo fue suscrito en 2017, cuando el presidente de la Corte Suprema era Duberlí Rodríguez. Este pacto, además, se actualizaría cada tres años. En 2020, José Luis Lecaros suscribió la adenda para su ampliación hasta octubre de 2023.Según el documento, al que accedió Perú21, la SPDA se comprometió a capacitar en materia ambiental a "magistrados, personal jurisdiccional, administrativo y sociedad civil".