Entre septiembre del año pasado y enero de este año, un grupo de cinco trabajadores del despacho del congresista José Arriola denunció en la Fiscalía presuntos recortes de su sueldo realizados por el legislador. Ellos prefirieron no declarar en la Comisión de Ética, porque dijeron que desconfiaban de su imparcialidad. Según un informe de Punto final, los cinco exempleados de Arriola presentaron como pruebas transferencias, testimonios y chats del recorte salarial del que, según ellos, fueron víctimas.