Condenado por largos años ya, a un indetenible deterioro, el cargo más alto del país corre el peligro de caer en manos de otros personajes que nuestra irrespetada democracia ya no resistiría. La figura presidencial no merece seguir hundiéndose. Una propuesta legislativa que se encaminaba a cerrarle la puerta a quienes buscan sentarse en el sillón de Pizarro sin importarles la pesada mochila que cargan por culpa de sus graves delitos, se llena de polvo hace cinco meses en la Comisión de Constitución. Su presidenta, Martha Moyano, ha preferido hacerse la desentendida y no agendar esta iniciativa para que regrese al Pleno, en donde podría convertirse en ley. Ha hecho oídos sordos al reiterado pedido de varios de los miembros de su grupo de trabajo. De manera extraña, Moyano entrampa, le pone nudo a un proyecto importante para el país. Parece querer que todo siga igual. Los peruanos, en cambio, la tienen clara: no quieren que los gobierne un corrupto o un asesino. Un 97% considera que las personas que cumplieron sentencia por asesinato, corrupción o terrorismo, y ya salieron de la cárcel, no tienen derecho a postular a la Presidencia de la República, según revela la última encuesta de Ipsos realizada para Perú21.