Ayer, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, solicitó al presidente del Congreso la admisión de una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte. Según indica lo dispuesto por la Fiscalía, la mandataria es presunta autora del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo impropio, en el marco del denominado caso Rolex. Con ello, presenciamos nuevamente un hecho que desgasta aún más a la máxima investidura del país.No está claro si el Congreso podrá hacer algo con esta denuncia, pues el artículo 117 de la Constitución impide acusar al presidente de la República salvo por ciertas excepciones (ninguna de ellas corrupción). Y aún si lo hace (existen opiniones legales discrepantes), la Fiscalía solo podría formalizar la investigación. En ningún caso se pasaría a un juicio hasta que la presidenta deje el cargo. Además, difícilmente haya suficientes congresistas que tomen una decisión en contra de la mandataria , pues han encontrado un espacio de "equilibrio" tácito que asegura la supervivencia política de ambos poderes hasta el 2026.Pese a ello, el impacto en la institucionalidad se sentirá. La presidenta Boluarte podrá seguir en el cargo. Sin embargo, este suceso solo ahondará el deterioro de la institucionalidad en el país. La precarización de los organismos estatales y lo que representan sigue avanzando y esto cada vez pesará más en la percepción de los inversionistas del país y, cómo no, de las calificadoras de riesgo.
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