Representantes de las víctimas de contaminación con metales pesados de La Oroya denunciaron que, a dos meses de haber sido notificado, el Estado no implementa ninguna medida de reparación, remediación y reducción de emisiones tóxicas en el centro metalúrgico de esta ciudad juninense, señaladas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte CIDH).La abogada Rosa Peña, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), dijo que la inacción tiene que ver con procedimientos dentro del Estado, a pesar de que existen competencias de Oefa, Minsa, Diresa y Digesa sobre fiscalización, monitoreo ambiental y atención a la salud especializada para las 80 víctimas y toda la población de la Oroya.(Edición sábado).