Para el gobierno de Dina Boluarte, la Fiscalía de la Nación (FN) carece de competencias para iniciar y continuar una investigación contra la presidenta, mientras que el Poder Judicial (PJ) tampoco tiene la facultad para autorizar diligencias como un allanamiento, un registro domiciliario, un registro personal o un registro vehicular en contra de la mandataria.Así lo señala el documento de la sesión del Consejo de Ministros del 17 de mayo, cita en la que se aprobó que el Poder Ejecutivo presente una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la FN y el PJ, por las diversas pesquisas que tiene la presidenta Boluarte en el Ministerio Público.