Hace poco más de una semana (Gestión 10.05.24) se confirmó lo que ya analistas habían adelantado: la pobreza no dejó de acelerarse en el 2023 y alcanzó al 29% de la población. De hecho, es el cuarto año que no retorna a los niveles prepandemia (2019: 20.2%).Además, la inestabilidad política, la caída de los ingresos, la falta de más empleo de calidad y la limitada producción son algunos de los desafíos que enfrenta el país. Mientras todo esto ocurre, hay un indicador que no puede pasarse por alto: el número de conflictos sociales se mantiene por encima de los 200 casos.La Defensoría del Pueblo informó recientemente que en abril se registraron 208 conflictos sociales en el país, de los cuales 168 se encuentran activos y, el resto, son latentes. Además, se calcularon 218 acciones colectivas de protesta durante el mes pasado.Según la Defensoría, seis regiones concentran casi la mitad de los conflictos sociales en dicho mes: Loreto, Cusco, Puno, Apurímac, Huancavelica, Piura. Hay que considerar que una parte importante están relacionados a disputas socioambientales.De esa lista, cuatro regiones registraron niveles de pobreza por encima del promedio nacional. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) colocó, por ejemplo, a Loreto, Puno, Huancavelica y Piura en su bloque de regiones más pobres. En conjunto, estas cuatro concentran el 32% de conflictos sociales.
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