En 2026 no solo podrían postular perro, pericote y gato, sino también choros y alimañas. La enorme oferta electoral que se avecina precisa de candados para mejorar nuestra representación, pero, sobre todo, para cerrarles el paso a quienes buscan servirse de la política para seguir cometiendo sus fechorías o a quienes cometieron graves delitos que la democracia no puede perdonar ni pasar por la alto.En ese marco, un dictamen de la Comisión de Constitución de marzo de 2023 empolvado en la Mesa Directiva del Parlamento, presidida por Alejandro Soto, luce como una magnífica alternativa, ya que busca reformar la Constitución incorporando el impedimento para que condenados por graves delitos puedan postular a cargos de elección popular, llámese Presidencia, Vicepresidencia, Congreso de la República o Parlamento Andino, aunque hayan cumplido el total de su condena, hasta por un periodo posterior de 10 años.