Por Omar Mariluz Laguna, director del diario Gestión.La semana pasada, el país fue testigo de una triste realidad: más atentados, más pobreza y los fracasos del Estado en los arbitraje internacionales. Estos eventos no son meras coincidencias, sino síntomas de una profunda crisis que aqueja a nuestra nación.Y no es una opinión porque las cifras son contundentes: más de medio millón de peruanos cayeron en la pobreza en el 2023, y ya el 29% de la población es pobre, niveles comparables con los de la pandemia del covid-19. Esta situación no solo refleja un retroceso alarmante, sino que revela una vulnerabilidad generalizada entre la población.Sin embargo, la respuesta del Gobierno ante esta realidad es desalentadora. La cancelación de la conferencia de prensa del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para presentar las citadas cifras y la continua búsqueda de culpables en gestiones anteriores evidencian una falta de liderazgo y compromiso con la solución de los problemas actuales.El nuevo atentado a Minera Poderosa en Pataz, perpetrado por mineros ilegales, es solo un ejemplo más de la creciente inseguridad que enfrentamos. La falta de acción por parte del Gobierno para combatir esta amenaza y, peor aún, la aprobación de leyes que favorecen a los mineros ilegales, agrava la situación y legaliza la impunidad.
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