Por Nicolás Zevallos, fundador del Instituto de Criminología.El crecimiento de las economías ilegales en el Perú es evidente. Entre el 37% y el 68% de la madera peruana es de origen ilegal. Ello implicó la deforestación de más de 200 mil hectáreas en el 2020. La cantidad de hectáreas de cultivo ilegal de hoja de coca se duplicó en cinco años, superando las 95 mil hectáreas, según Devida. Cada año se registra un mayor volumen de contrabando, que representa más de US$500 millones, según la Sunat. La minería ilegal de oro ha aumentado, con cerca de 60 mil kg de oro exportado en el 2023 sin conocer su origen, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem).Una respuesta recurrente a ello es emitir más regulaciones sobre estas actividades. Respuestas normativas que resultan más performativas que eficaces. El problema es que el impacto principal de estas medidas no recae sobre las organizaciones criminales o los incentivos de estas economías ilegales, sino sobre las empresas formales y los ciudadanos que sí cumplen las normas.(Edición domingo).