Por Fernando Veria, estudiante de Derecho Corporativo.El reciente ataque a la compañía minera Poderosa representa un condenable acto criminal y, además, devela un complejo problema que involucra no solo a delincuentes, sino también al mismo Estado, que hoy parece ser el aliado ideal de la minería ilegal.La reciente derogación del Decreto Legislativo 1607 se presenta como el ejemplo perfecto de una aparente complicidad. Con ello se consolidó la impunidad de un sector que acarrea consigo un entorno de criminalidad que va más allá de la mera extracción de mineral.Queda claro que la formalización minera iniciada en el 2012 ha fracasado. El Reinfo se presenta hoy como una herramienta basada en trámites obsoletos que no ofrece incentivos reales para la formalización y que, por el contrario, parece perpetuar la actividad minera ilegal. Esto crea lamentablemente una perspectiva poco favorable para el sector.(Edición sábado).