Pese a lo importante que sería para la democracia y la salud del país el proyecto que limita que los sentenciados participen en las elecciones, la propuesta sigue en fila de espera en el Congreso, pendiente de debate y aprobación y en cuarto intermedio desde diciembre último. Y a Alejandro Soto, el presidente del Parlamento, parece importarle poco. La legisladora de Fuerza Popular Patricia Juárez, miembro de la Comisión de Constitución, exigió que el dictamen se debata lo antes posible por ser relevante para el país y señaló que máximo en dos semanas este debe decidirse en el Pleno.