Por Paola Bustamante, directora de Videnza.En el mensaje de 28 de julio pasado, la presidenta Boluarte se comprometió "a hacer frente al crimen organizado y a la delincuencia", priorizando a los ciudadanos y su bienestar. Sin embargo, a nueve meses de estos compromisos, este en particular no se cumple. Peor aún, en el caso de la minería ilegal, esta sigue avanzando de la mano de sus grandes amigos de las bancadas del Congreso, como ella misma lo señaló hace unos días.Solo durante abril, la minería ilegal ha generado lamentables daños a la salud de compatriotas peruanos, el fallecimiento de una persona en el norte del país, daños a la infraestructura pública y privada, tanto en el norte como en la Amazonía, y sigue generando perjuicios económicos, sociales y ambientales ahí donde se desarrolla o le permiten desarrollarse.La lucha frontal declarada por el Gobierno en el distrito de Pataz, en pleno estado de emergencia, no impidió que se dinamitasen dos torres de alta tensión en ese distrito. En tanto, unas semanas antes del atentado, el 21 de marzo, el Congreso publicó la Ley 31989, que modificó el Decreto Legislativo 1607, y derogó la primera disposición complementaria que facultaba a la Policía Nacional del Perú (PNP) a tomar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos en actividades mineras ejecutadas por personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esta decisión del Congreso, respaldada por el Ejecutivo, ha debilitado fuertemente la capacidad de la PNP para combatir estas actividades ilícitas, favoreciendo la criminalidad organizada, la cual es una muestra más de la perniciosa alianza entre el Ejecutivo y el Congreso, la que con silencio cómplice se sigue fortaleciendo, de espaldas al país.(Edición domingo).