El 6 de enero de este año, la presidencia del Congreso hizo de conocimiento público que, durante el 2024, no se entregaría bono alguno a "ningún estamento laboral" del Poder Legislativo. En el comunicado, firmado por el propio titular del Parlamento, Alejandro Soto, se puntualizaba que el anuncio tenía por objeto desmentir "informaciones inexactas" sobre nuevas concesiones en ese sentido. La notificación, pues, parecía ser una reacción a las señas de disgusto detectables en la ciudadanía por los continuos beneficios económicos que los miembros de la representación nacional se otorgaban a sí mismos y el marcado contraste que eso suponía con respecto a la satisfacción que su gestión les reportaba a los peruanos. Una muestra de reflejos que, aunque tardía, era mejor que ninguna.
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