La Contraloría General de la República tendrá acceso al secreto bancario y la reserva tributaria de funcionarios y servidores públicos involucrados en presuntas irregularidades vinculadas a la comisión del delito de enriquecimiento ilícito en el uso o gestión de los bienes y fondos públicos. Esta prerrogativa, vigente desde el 20 de abril, quedó establecida tras la aprobación de la Directiva N° 007-2024CG/FIS que regula el requerimiento de esta información ante las entidades bancarias y los órganos de la administración tributaria.