Otro problema que se observa es que existen casos de empresarios que prefieren llevar sus controversias al plano de las medidas cautelares, con el propósito de perjudicar la participación accionarial de sus socios y de este modo empezar un proceso judicial que demora entre dos o tres años, luego de los cuales el negocio ya ha sido liquidado, explican.Por ello, Carlos del Solar, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), manifiesta que los empresarios prefieren acudir a un tribunal arbitral en el exterior, porque el sistema judicial no ofrece las garantías necesarias.