Mediante un informe, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte le respondió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que la liberación del expresidente Alberto Fujimori se otorgó bajo los principios de "justicia" y los parámetros de "legalidad".Fue precisamente el ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien en conferencia de prensa arguyó que la liberación del exmandatario no incumplió ninguna norma y enfatizó que "el Estado peruano no va a permitir que su soberanía sea afectada".