Por César Puntriano, socio principal del Estudio Muñiz.El sugestivo título de esta columna no apunta a reflexionar sobre el contexto político en el cual el cantante Charly García lanzó su éxito musical allá por el año 1983, sino a dedicarle unas líneas a la función legislativa del Congreso de la República en materia laboral, la cual no solo viene dejando mucho que desear, sino que, peor aún, afecta a los pocos trabajadores formales.No es la primera vez que somos críticos, desde una perspectiva técnica, de la labor congresal en materia laboral y pensionaria. Ya en el pasado nos hemos pronunciado sobre el excesivo aumento de feriados, la pretendida regulación de micro descansos en la jornada trabajo, o el reciente proyecto que pretende encarecer los costos del despido, empujando a más microempresarios a la informalidad laboral mediante la regulación de un pago adicional denominado "daños punitivos".Esta vez nos referiremos a una medida ya aprobada por el Pleno y a otra que viene en camino.Como es de público conocimiento, el Pleno del Congreso aprobó un séptimo retiro de las cuentas individuales que los trabajadores formales poseen en las AFP de hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (S/ 20,600) alegando que dicha medida reactivaría la economía, beneficiando a los afiliados. Esta visión es técnicamente errada pues el objetivo de los fondos previsionales es justamente financiar una pensión de jubilación cuando el afiliado afronte la contingencia de la vejez y por ende ya no perciba una remuneración por su trabajo.
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