Por Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto.La violencia asociada a la minería ilegal continúa apoderándose de importantes porciones del territorio peruano ante la incapacidad de las autoridades y la complicidad del Congreso, que le pone zancadillas a la lucha contra este flagelo. Pese a estar bajo estado de emergencia desde hace meses, el cinturón minero del norte, y la provincia de Pataz en particular, vuelven a ser víctimas del avance de las economías criminales. Las medidas adoptadas han probado carecer de impacto y hay fundado escepticismo respecto a la efectividad que tendría el reciente nombramiento de un alto comisionado para combatir la minería ilegal.Durante las últimas décadas, la minería informal e ilegal han crecido y se han expandido en todas las regiones del país, especialmente en Madre de Dios, Puno, La Libertad y Loreto. Con una cotización internacional del oro que rebasa los US$ 2,300 la onza, este tipo de minería aurífera mantiene un elevadísimo nivel de rentabilidad con la capacidad de neutralizar el accionar de las fuerzas del orden, amedrentar a jueces y fiscales que persiguen el delito y, así, seguir operando con impunidad. La minería no formal es responsable del 39.3% de la producción nacional de oro, con una valoración estimada anual de US$ 4,000 millones. Lo previsible es que estas proyecciones vayan en aumento.
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