La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) denunció penalmente al juez José Luis Silvestre Cortez, quien decidió dar lugar a una acción de amparo interpuesta por la Compañía Minera Casapalca contra ProInversión por la posesión del yacimiento minero de Yauricocha. Esta operación cuprífera, ubicada en la provincia de Yauyos, en Lima, actualmente es explotada por la Compañía Minera Corona. Minera Casapalca adquirió la buena pro de la privatización del yacimiento de Centromin Perú de Yauricocha el 20 de diciembre del 2001; sin embargo, dicha empresa no presentó las garantías ni pagó el precio de venta ofrecido, argumentando que la empresa pública había efectuado una venta futura de minerales no contemplada en el concurso. Por este motivo, la en ese entonces Comisión de Promoción de la Inversión Privada (Copri) decidió en febrero del 2002 revocar la buena pro a Minera Casapalca, otorgándola a la Compañía Minera Corona, que ocupó el segundo lugar en la privatización.