En el imaginario de los peruanos, los últimos resabios de terrorismo se circunscriben a la zona del Vraem, pero tal creencia podría ser desterrada a partir de un reciente estudio de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El informe, que recopila datos entre los años 2010 y 2023, da cuenta de que, en ese periodo, los reportes de operaciones sospechosas de financiamiento de terrorismo en el país ascienden a US$ 1,802 millones.Incluso hay un apunte inquietante de la UIF: "Se observa que, entre enero del 2010 y diciembre del 2023, la tendencia en el número de operaciones sospechosas reportadas ha sido variable en el tiempo; sin embargo, genera preocupación que a partir del año 2020 la tendencia viene siendo creciente".Pero el terrorismo no opera con recursos propios, pues generalmente es provisto por economías ilegales.De hecho, esas actividades violentistas tienen como mayores fuentes de financiamiento al narcotráfico y la minería ilegal.
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