El padre Marco Arana, directivos de la ONG Grufides y varios dirigentes populares cajamarquinos denunciaron que el reglaje de que han sido objeto en los últimos meses pretendía intimidarlos, causarles daño moral y probablemente atentar contra sus vidas.En ese sentido, el padre Marco Arana y Mirtha Vásquez Chuquilín solicitaron al gobierno una profunda investigación a fin de establecer quién pagó las actividades de la empresa C & G Investigaciones, autora del seguimiento.