Por Jessica Luna.La minería formal es un dinamizador del desarrollo descentralizado y genera recursos para que los tres niveles de gobierno (central, regionales y municipales) los inviertan en escuelas, hospitales, agua y saneamiento, a fin de mejorar la calidad de vida de la población. Además, brinda valor agregado en el desarrollo de proveedores y el impulso de la innovación y la tecnología. La minería aporta alrededor del 10% del PBI, mientras que los proveedores mineros (equipo, tecnología y servicios) ya suman un 3.4% del PBI.En el ámbito global, la transición energética ofrece enormes oportunidades para el Perú como proveedor clave en el suministro de los minerales críticos que se requieren para ello, pero, para aprovechar estas oportunidades, se requieren firmeza del gobierno y una estrategia para generar condiciones que mejoren el entorno de negocios y así atraer inversiones. Hoy no observamos señales claras en ese sentido, solo buenas intenciones.El desarrollo de proyectos mineros en el Perú toma alrededor de 15 años, desde el descubrimiento y exploración de reservas hasta la construcción y operación. Estos plazos se extienden significativamente debido al monstruo de la tramitología y la burocracia. Senace es el campeón, al ralentizar los procesos de evaluación y aprobación de estudios de impacto ambiental (EIA) y sus modificaciones (MEIA).
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