La grave denuncia de "Cuarto poder" no podía quedar como una más y, ante la comprobación de que existía una bien montada mafia delictiva -en la que están involucrados funcionarios peruposibilistas y un sobrino del presidente-, era imprescindible sentar un firme precedente para erradicarla y sancionar a los responsables.Debemos saludar, por ello, que el jefe del Gabinete, Carlos Ferrero, haya anunciado que se denunciará penalmente ante el Poder Judicial a los implicados. Urge una investigación exhaustiva del caso para determinar los tentáculos de la red delictiva.Los delitos denunciados son realmente indignantes: la mafia enquistada en diversos ministerios, principalmente el del Interior, no solo traficaba con puestos de trabajo y ascensos en la carrera pública, sino también con donaciones de ropa y medicinas (como hizo descaradamente en el pasado un grupo de parientes del presidente Fujimori).Esto es realmente escandaloso y repudiable, pues implica que estos funcionarios tenían una serie de conexiones cómplices en diversas instancias y en altos niveles para medrar por medio del aparato estatal. En cuanto a las donaciones, el daño no solo se limita a negar a los pobres el derecho a disfrutar de medicinas para curarse. Y es que escándalos como estos podrían motivar una respuesta drástica de los gobiernos amigos que hasta ahora envían generosamente estas donaciones.Hace varios meses, el presidente hizo una declaración pública desligándose del accionar delictivo de algunos de sus parientes. Pero eso no es suficiente, ya que algunos siguen aprovechándose del vínculo familiar y partidario para lucrar con el Estado. ¿Y así se insiste en llenar los puestos públicos con cuadros de la chacana? Como ya lo hemos señalado, la corrupción, a pesar de las promesas de enmienda, se está volviendo el talón de Aquiles de este Gobierno. Una razón más para reflexionar sobre la necesidad de asegurar la autonomía de la Procuraduría Anticorrupción, tras la defenestración del incómodo (para el Gobierno) Vargas Valvidivia.En cuanto a la prensa independiente, queda demostrado que cumple su rol fiscalizador. Difundir estas denuncias es una obligación con el país. Lo irresponsable y cómplice sería archivarlas.