En un hecho histórico, 567 ciudadanos peruanos presentaron una denuncia conjunta contra el fiscal supremo Pablo Sánchez, por haber puesto el Ministerio Público al servicio de la ONG IDL, cuyo vocero Gustavo Gorriti decía que la corrupta Odebrecht era "una empresa rehabilitada"."Se está pidiendo a la Junta Nacional de Justicia que actúe por lo que ha salido en [el programa televisivo] ‘Beto a saber’, lo de Romina Mella haciendo de asesora de Sánchez, lo dicho por Jaime Villanueva que se ha podido corroborar, de un manejo político en los casos de Lava Jato", explicó a EXPRESO el abogado Wilber Medina.