El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revelado ayer por El Comercio y en el que se advierte que la presidenta Dina Boluarte recibió en sus cuentas S/1,1 millones de origen desconocido, complica su situación legal y podría abrir nuevas líneas de investigación, según especialistas consultados por El Comercio.El reporte de la UIF detectó movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de la actual mandataria entre agosto del 2016 y agosto del 2022, que "podrían estar ligadas al delito de lavado de activos".Para el penalista Andy Carrión, "se complica sensiblemente" la situación de Boluarte, principalmente en las investigaciones por su estado financiero: sus pesquisas por presunto lavado de activos y, recientemente, por enriquecimiento ilícito.