Los congresistas están obligados por ley a presentar sus declaraciones juradas sobre sus ingresos, bienes y otros que superen los S/10.300 (dos UIT), al comenzar sus funciones y cada año legislativo. Se supone que la Contraloría General de la República, además de recibir las declaraciones, fiscaliza el contenido de las mismas, verificando si son datos verdaderos o se ha pasado por alto alguna información relevante. Pero hasta el momento no ha reportado que algún parlamentario haya omitido o falseado información. Sin embargo, La República revisó las declaraciones juradas de los congresistas y encontró varios casos llamativos de incrementos del patrimonio, comparando lo que consignaron en 2021 y 2023.(Edición domingo).