Por Alejandra Costa, Curadora de Economía del Comité de Lectura.Es muy llamativa la nula energía que el Ejecutivo ha invertido en defender las medidas contra la minería ilegal incluidas en el Decreto Legislativo 1607, que otorgó mayores facultades a la Policía para combatir el uso de explosivos por parte de mineros ilegales y buscó desincentivar que estos invadan los terrenos de las concesiones mineras.Mirando la rapidez con la que la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Gustavo Adrianzén decidieron promulgar este miércoles -en una edición nocturna del diario oficial "El Peruano" y contra la opinión de los principales gremios empresariales del país- la ley que había aprobado raudamente la semana pasada el Congreso para derogar esas disposiciones, resulta difícil creer que fue este gobierno el que diseñó y publicó ese decreto en diciembre del 2023.Pero, lamentablemente, es cierto. Lo que empezó entonces como un pequeño paso en el combate contra la minería ilegal, ahora se convierte en una capitulación vergonzosa del Estado Peruano frente a esta actividad que no solo atenta contra el sector minero formal, desprestigia al artesanal y afecta la recaudación tributaria, sino que ya ha costado y seguirá costando vidas humanas, pues genera un poderoso caldo de cultivo para otras actividades ilícitas como el secuestro, la extorsión, la trata de personas y el sicariato.(Edición sábado).