El 3 de abril vencen los quince días útiles que tiene la presidenta de la República, Dina Boluarte, para observar o promulgar la cuestionada ley que aprobó el pleno del Congreso el pasado 13 de marzo, con la que derogó una disposición complementaria del Decreto Legislativo 1607, que establecía los candados necesarios para evitar que los mineros informales, cuyas licencias habían sido suspendidas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem), sigan operando ilegalmente en concesiones de empresas mineras, específicamente valiéndose de explosivos y municiones en socavones. En concreto, el dispositivo facultaba a la Policía a intervenir a los mineros que incurrían en tenencia ilegal de explosivos y les ponía como fecha tope el 20 de marzo, es decir ayer, para que puedan formalizarse. Con el amplio aval del Congreso, podrán seguir extrayendo con total impunidad en operaciones mineras, sin control ambiental ni fiscalización policial, aumentando el riesgo de que siga campeando el crimen organizado, la extorsión, trata de personas y un largo etcétera de vicios que ninguna autoridad parece estar dispuesta a frenar.